El presidente de la República, José Raúl Mulino, adoptó una postura firme frente a las recientes tensiones diplomáticas con el Gobierno de China y el conglomerado hongkonés de Puertos de Panamá CK Hutchison. La controversia surge tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la prórroga de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en las entradas del Canal de Panamá.
Un mensaje de firmeza frente a Pekín
Ante las advertencias de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao sobre posibles «altos precios políticos y económicos» que Panamá podría pagar, Mulino restó importancia a tales amenazas.
«Si tú quieres mi opinión personal, no va a pasar nada, y si pasa, ya veremos», afirmó el mandatario, subrayando que la dependencia comercial es bidireccional y, posiblemente, más profunda desde el lado asiático.
El presidente argumentó que la posición geográfica de Panamá es vital para el flujo de mercancías chinas y el tránsito de gas hacia el continente asiático a través de la vía interoceánica y la Zona Libre de Colón.
El fin de una era y la transición operativa
La concesión de CK Hutchison, que pretendía extenderse hasta el año 2047, fue anulada debido a irregularidades detectadas en el proceso de renovación. Según el mandatario, durante el 2025 se intentó buscar una solución negociada con el conglomerado, pero la respuesta fue lo que él calificó como «arrogancia» corporativa.
Para garantizar la continuidad de las operaciones mientras se prepara una nueva licitación internacional, el Gobierno ha designado a operadores temporales por un periodo de 18 meses:
- APM Terminals (filial de la danesa Maersk) asumirá el control en el puerto de Balboa.
- TiL (brazo portuario de la suiza MSC) se encargará de las operaciones en Cristóbal.
Contexto de la inversión extranjera
Por su parte, los representantes chinos han recordado la inversión de US$1.800 millones realizada por CK Hutchison durante casi tres décadas de operación, alegando que la decisión de la Corte ignora la seguridad jurídica y los procesos validados previamente por reguladores panameños.
Sin embargo, para la administración de Mulino, este movimiento representa una oportunidad de reordenar el sector logístico nacional bajo un modelo de licitación transparente, enviando un mensaje claro sobre el respeto a la Constitución por encima de los intereses de grandes conglomerados internacionales.